La ocupación ilegal de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas de Valor Ambiental (AVA) en la Ciudad de México representa una de las principales amenazas para el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los capitalinos, por eso es que CDMX ofrece viviendas a quienes denuncien ocupación de áreas protegidas.
Estas zonas son fundamentales para la recarga de mantos acuíferos, la conservación de flora y fauna, y la regulación del clima, y están siendo invadidas por asentamientos irregulares, tala clandestina y desarrollos inmobiliarios cuyo desarrollo no ha sido autorizado.
En algunos casos, comuneros y ejidatarios venden sus tierras, mientras que en otros, la presión inmobiliaria y la corrupción permiten modificaciones al uso de suelo, privilegiando intereses económicos sobre el bien común. Por otro lado, grupos delictivos venden predios en zonas protegidas con documentos apócrifos, engañando a familias que buscan vivienda asequible en medio de una crisis de gentrificación.
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México busca frenar la venta fraudulenta de terrenos en este tipo de zonas, salvaguardar el ecosistema y llevar ante la justicia a quienes lucran con el patrimonio ambiental de la capital del país.
Es a través de las denuncias de las víctimas, quienes compraron terrenos o casas en zonas no autorizadas para uso habitacional, que las autoridades podrán contar con sustento jurídico suficiente para iniciar procesos penales en contra de quienes resulten responsables.
A cambio, el Gobierno de la Ciudad ofrece una vivienda digna, en lugares donde hay servicios públicos, con certeza jurídica y respondiendo al derecho que, como ciudadanos tienen. Así que recuperar áreas naturales protegidas beneficia a todos: por un lado, el gobierno capitalino recupera estos espacios; por otro lado, quienes fueron estafados obtienen una vivienda que sí cumple con sus necesidades y dentro del marco de la legalidad.
