El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha rechazado de plano el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre desapariciones en el país.
El documento, divulgado recientemente, apunta a fallas sistémicas en el registro y búsqueda de personas desaparecidas, con la Ciudad de México en el ojo del huracán por supuestas omisiones en sus estadísticas.
El reporte de la UNODC analiza datos de 2025 y destaca que México supera las 120 mil personas desaparecidas registradas, con un subregistro alarmante en varias entidades. En la CDMX se cuestiona la precisión de las cifras oficiales, que reportan menos de 2 mil casos activos, frente a evidencias de miles más no documentados.
También se critica la falta de coordinación entre fiscalías locales y federales, retrasos en alertas Amber y protocolos deficientes para búsquedas iniciales. Igualmente, la UNODC recomienda reformas urgentes, como bases de datos unificadas y mayor inversión en tecnología forense.
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su equipo han calificado el informe como "parcializado y basado en datos obsoletos". Esta postura ha generado apoyo de aliados políticos, pero críticas de ONGs como el Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", que exigen transparencia total.
