La Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles es una iniciativa presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para regular los contratos de renta y limitar los aumentos desmedidos. Su propuesta central es que la renta no pueda subir más que la inflación del año anterior, incluso si cambia la persona inquilina.
El proyecto establece que el incremento anual del alquiler no deberá superar la inflación reportada por el Inegi durante el año previo. Este límite aplicaría aunque cambie la arrendataria, una de las medidas más relevantes para frenar aumentos abruptos al renovar o sustituir contratos.
Quienes incumplan la regla podrían recibir una multa de 100 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Con la UMA actual, la sanción máxima alcanzaría 46 mil 924 pesos.
Los arrendadores podrán solicitar a la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias una autorización para aplicar un aumento superior a la inflación. La excepción procedería cuando acrediten mejoras sustantivas al inmueble.
Esta autorización de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias sería revisada por la Defensoría, organismo que la iniciativa propone crear como una unidad administrativa adscrita a la Procuraduría Social.
La ley contempla la creación de una instancia para mediar entre arrendadores e inquilinos y atender posibles abusos. Actualmente, las personas afectadas deben recurrir a demandas legales que implican costos y tiempos elevados.
La Defensoría buscaría ofrecer un mecanismo más accesible para resolver conflictos, proteger los derechos de quienes rentan y, al mismo tiempo, reconocer los derechos legítimos de los propietarios.
La iniciativa también reconoce derechos para los arrendadores, como recibir el pago de la renta en tiempo y forma, y ser informados de cualquier circunstancia que perturbe el uso del inmueble. Además, la propuesta busca prohibir la discriminación de personas inquilinas por tener hijos o mascotas, y evitar aumentos considerados desmedidos.
