La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México propone que convivir con niñas, niños o animales de compañía no pueda utilizarse como motivo para negar una renta o limitar los derechos de una persona inquilina. La propuesta fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y enviada al Congreso capitalino el 14 de octubre.
El artículo 24 de la iniciativa establece que la cohabitación con infancias y animales de compañía no podrá ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las partes en un contrato de renta. Esto busca erradicar la discriminación hacia personas que buscan rentar un inmueble y convivir con niños o mascotas.
La propuesta busca que las familias no sean excluidas del mercado de vivienda por tener hijos o animales de compañía. La medida forma parte de una estrategia más amplia para regular las relaciones entre arrendadores e inquilinos.
La iniciativa propone que los arrendadores solo puedan exigir una garantía para rentar un inmueble. Actualmente, según la jefa de Gobierno, se llegan a solicitar hasta cuatro garantías, como depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario.
La medida busca facilitar el acceso a la vivienda y reducir las barreras para personas que desean rentar con niños o mascotas.
La ley también contempla obligaciones para ambas partes. Los inquilinos deberán pagar la renta, conservar el inmueble en buen estado, usarlo únicamente para el fin acordado y no realizar cambios estructurales sin autorización del propietario.
Los arrendadores deberán registrar el contrato, mantener el inmueble en buenas condiciones y devolver el depósito pactado.
La propuesta contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional, gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). El registro incluirá datos como nombres de las partes, ubicación y superficie del inmueble, monto del depósito, plazo del contrato y tipo de garantía.
Los arrendadores deberán entregar una copia del contrato a las personas arrendatarias y, dentro de los 30 días posteriores al registro, un comprobante que acredite que se realizó el trámite.
La iniciativa también contempla que las rentas no puedan subir por encima de la inflación y la creación de una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social. Esta instancia ofrecerá orientación, asesoría y defensa jurídica gratuita tanto a inquilinos como a propietarios.
También se plantea un Gabinete de Acompañamiento Social Ante los Desalojos, para ofrecer alternativas habitacionales a familias que enfrenten un desalojo.
